PRINCIPALES RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL
EN EL ÁREA SANITARIA EN ANDALUCÍA:
-Incorporación del copago
farmacéutico:
está
regulado
por
el
Real
Decreto Ley 16/2012
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.
La normativa introduce nuevas aportaciones
de copago a la población y castiga especialmente a uno de los colectivos más vulnerables en la situación actual,
el de pensionistas, que desde
la década de los 60 y
hasta ahora tenían cubierto al 100% la prestación farmacéutica.
Los tramos de copago farmacéutico afectan de forma más reseñable a los pensionistas. A continuación, los diferentes tipos de
tramos y copago establecido para
ellos:
○ Activos
de rentas de más de 100.000 euros abonan el 60% del precio del
medicamento
○ Activos con rentas entre 100.000
euros por arriba y 18.000 por abajo
abonan
el 50% del precio
○ Activos con menos de 18.000 euros asume el 40% del precio
del fármaco
(aquí
están los parados con
prestación).
○ Las personas
con
una
pensión
contributiva
abonan
el
10%
de
los fármacos hasta rentas de 100.000 euros. Si su renta supera los 100.000
euros, abonan el 60% del coste.
Además, se han establecido
tres tramos con los siguientes límites
máximos:
1. Los de menos de 18.000 euros pagan como máximo 8 euros al mes
2. Entre 18.000 y 100.000
abonan 18 euros al mes
3. Los de más de 100.000
euros abonan como máximo 60
euros al mes.
En este
caso de los pensionistas con límites establecidos, Andalucía ha establecido una aplicación a través de la receta electrónica para que
no tengan que adelantar más de lo
que les corresponde al mes.
En una nueva decisión que
castiga al colectivo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha acordado
subir los topes máximos mensuales del copago
farmacéutico de los pensionistas y actualizar la cuantía máxima correspondiente
a los medicamentos de aportación reducida -actualmente 4,20 euros por envase-, en virtud
de una evolución del IPC.
La subida,
que ha entrado en vigor de forma automática este mes de enero,
es aproximadamente del 1,4 por ciento, quedando establecido dependiendo de la renta el tope en 8,26 euros, 18,59 euros y
62 euros.
-Incorporación del copago
en
la farmacia hospitalaria: Andalucía
no aplica el copago en farmacia hospitalaria promovido por el Gobierno central
desde el pasado 1 de octubre y ha interpuesto un recurso
de alzada contra dicha
resolución. Se trata de una medida que plantea que los pacientes tengan
que abonar parte del coste de los
medicamentos que se
dispensan en las farmacias de los hospitales de forma ambulatoria.
Unos medicamentos que, además, en su mayoría,
son imprescindibles para la vida de los pacientes y vitales para el control
de su enfermedad, tal es el caso de las enfermedades
oncológicas o las infecciosas.
La medida afecta directamente a 3.110
personas en el caso de Huelva y atenta contra la
equidad del sistema castigando, una vez más, a los colectivos más
vulnerables.
El recurso de alzada está motivado, principalmente, por los perjuicios que este nuevo copago supone para la
salud de los pacientes y que podría tener graves perjuicios para
la ciudadanía, ya que se corre el riesgo
de que haya pacientes que pudieran renunciar a su
tratamiento al no poder
hacer frente al nuevo copago. A ello se suma el hecho de que la mayoría de estos
pacientes están
tomando fármacos que retiran mediante receta
en las farmacias y que están afectados por el
copago que se aplica desde
el 1 de julio de 2012.
-Reducción y privatización de servicios y planteamiento de nuevos copagos: desde el Ministerio se está igualmente estudiando
que programas de cribado
tales como el programa de detección
precoz del cáncer de mama o los servicios de fecundación ‘in vitro’ para fertilidad dejen de ser gratuitos y los tenga
que costear la población
si quiere acceder a ellos, al igual
que los procesos de genética y
la recuperación de pacientes
con déficit funcional recuperable.
Un ejemplo de ellos es que el Gobierno ha planteado ya una modificación
para que las mujeres sin patología
y sin pareja masculina queden excluidas
del acceso a la reproducción asistida. A diferencia de este
posicionamiento, la Junta ha decidido
mantener esta prestación
para todas las mujeres en
igualdad de condiciones. Con ello se
evita una vulneración de los principios
de igualdad y del espíritu de la Ley 14/2006
sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.
Andalucía apuesta así por mantener
la cartera de servicios en esta materia y
por seguir facilitando este derecho asistencial. Tanto es
así que la sanidad pública andaluza ha ampliado el número de hospitales públicos en los que las andaluzas que lo deseen podrán donar sus óvulos, con lo que
la comunidad da un paso más en su apuesta por
la reproducción asistida.
En esta
misma línea, el real decreto
gubernamental igualmente contempla la futura aplicación de nuevos copagos en el transporte sanitario no urgente, en la ortopedia
y en los productos
dietoterápicos.
-Exclusión de la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales: también en virtud del
Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno
central ha decidido excluir
de la
asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes
ilegales salvo en los casos de parto
y urgencias, así como si se trata de menores
de edad.
A diferencia de ello, Andalucía ha apostado por conservar la universalidad de su sistema sanitario y seguir atendiendo a este colectivo tal
y como se venía haciendo hasta ahora. Sirva a modo de ejemplo que el año pasado el
SAS entregó en Huelva más de 2.000 tarjetas de reconocimiento temporal
de
asistencia
sanitaria
para
extranjeros
no regularizados, un documento renovable cada año
y que les facilita su acceso al servicio público andaluz con todos los derechos.
-Retirada de la sanidad a emigrantes: el sistema sanitario público
andaluz atenderá a
las personas en
situación de desempleo que permanezcan
más de tres meses fuera de España
y que hayan agotado la prestación. La Junta defiende
así nuevamente el carácter universal de la sanidad pública y en
ningún momento se ha planteado abandonar a estas personas que, además de hacer frente a la dolorosa situación de
tener que marcharse
de su país para buscar empleo,
ven ahora peligrar su derecho a la atención sanitaria.
Andalucía se desmarca así de la decisión
del Gobierno central
de excluir a este colectivo
de la cobertura sanitaria por
parte del Sistema Nacional
de Salud. Las restricciones planteadas por el Gobierno
de
España, con
modificaciones de la Ley General
de
Sanidad y La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establecen
el derecho a la asistencia sanitaria al hecho de residir en España, por lo que las personas que
se trasladen a otros países y hayan agotado la prestación por desempleo u otras
similares estarían sin cobertura
hasta que acrediten nuevamente que residen en España.
-Exclusión
de la
financiación pública de 456 medicamentos: también en el marco de
los recortes aprobados por el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dejado sin
financiar un total de
456 medicamentos, entre los que se incluyen algunos tan comunes como el aciclovir (para virus en la piel) o la codeína (para la tos), además de varios corticoides,
vasodilatadores, laxantes, antiinflamatorios
o antidiarreicos,
que ya deben ser sufragados
en su totalidad por los ciudadanos.
-Continuos bloqueos a la subasta de fármacos: la convocatoria
pública para la selección de medicamentos que lleva a cabo Andalucía no ha dejado
de encontrar obstáculos por parte del Gobierno central en los últimos años.
Para la Junta, que lleva mucho tiempo apostando por la mejora de la eficiencia del sistema sanitario público, esta medida es una apuesta decidida y una prioridad absoluta ante la
durísima crisis económica que atraviesa la sociedad española,
ya que los ahorros repercuten únicamente en la cuenta de beneficios de la
industria farmacéutica.
No se entiende que a la vez que se intenta
paralizar esta convocatoria pública, desde
el Ejecutivo de Mariano Rajoy se impongan
medidas como el copago, que penaliza a la
ciudadanía y protege a las grandes empresas.
El procedimiento de convocatoria pública
para la selección por principio activo,
contenido en la Ley de Contratos
del Sector Público, se ha intentado frenar hasta en
cinco ocasiones por el
Gobierno del PP, con diferentes
recursos ante la justicia. Estos cinco recursos se suman a los
duros recortes presupuestarios
y asfixiantes objetivos
de déficit que se imponen
desde el Gobierno de España.
Está previsto que la subasta permita ahorrar al año más de 100 millones
de euros a las
arcas públicas andaluzas.
