Andalucía garantiza la atención sanitaria a sus emigrantes

Andalucía garantiza la atención sanitaria a los ciudadanos que emigren más de 90 días

       La consejera de Salud defiende el carácter universal de la sanidad pública y asegura que el abandono a estas personas no se ha planteado en ningún momento

         El sistema sanitario público andaluz atenderá a las personas en situación de desempleo que permanezcan más de tres meses fuera de España y que hayan agotado la prestación, según ha asegurado la consejera de Igualdad, Salud y Política Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha defendido el carácter universal de la sanidad pública y asegura que, "en ningún momento, la Junta se ha planteado abandonar a estas personas que, además de hacer frente a la dolorosa situación de tener que marcharse de su país para buscar empleo, ven ahora peligrar su derecho a la atención sanitaria".

   En un comunicado, Sánchez Rubio afirma que Andalucía se desmarca así de la decisión del Gobierno central de excluir a este colectivo de la cobertura sanitaria por parte del Sistema Nacional de Salud. Las restricciones planteadas por el Gobierno de España, con modificaciones de la Ley General de Sanidad y La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece el derecho a la asistencia sanitaria al hecho de residir en España, por lo que las personas que se trasladen a otros países y hayan agotado la prestación por desempleo u otras similares estarían sin cobertura hasta que acrediten nuevamente que residen en España.

   Para Sánchez Rubio, "la exclusión de estas personas de la cobertura sanitaria pública no supone una medida de eficiencia para el sistema sanitario público y sí un recorte de derechos que de nuevo ataca a las personas que peor lo están pasando en esta situación de crisis económica".
   A este respecto, Sánchez Rubio ha insistido en que Andalucía luchará para que la sanidad pública continúe teniendo un carácter universal y no vinculado a aseguramientos. De esta forma, ha reiterado que, "Andalucía continuará prestando asistencia sanitaria a todas las personas, tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora".
   Para la máxima responsable de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la exclusión de la sanidad pública de estas personas "no constituye un ahorro significativo para las arcas públicas, y sí una clarísima injusticia que vendría a castigar doblemente a las personas que se ven obligadas a emigrar por no encontrar trabajo".