La Junta destina 106 millones a medidas urgentes para
impulsar el empleo entre la población de más de 30 años
El Programa Emple@30+ incentivará la contratación en proyectos sociales
promovidos por ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro
La nueva iniciativa se regula bajo la fórmula del
decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de
extraordinaria y urgente necesidad. Entre los datos que justifican la exigencia
de esta actuación rápida destaca la alta incidencia del paro en este colectivo,
el más afectado por la pérdida de empleos desde el inicio de la crisis e
integrado fundamentalmente por personas que trabajaban en el sector servicios
(más del 50%) y la construcción (15,7%).
Frente a ello, el Programa Emple@30+
incluye dos grandes líneas de ayudas: la
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará
contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los
ayuntamientos, y la
Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de
Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de
lucro. Ambas estarán cofinanciadas con fondos europeos.
Como personas destinatarias de las ayudas previstas, el
decreto ley señala a todas aquellas de edad igual o superior a 30 años
inscritas como demandantes de trabajo no ocupadas en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE). Dentro de este colectivo, se consideran prioritarias las
beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las desempleadas de larga
duración que han agotado la prestación por desempleo, las titulares del Bono de
Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora
tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con
dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su
caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.
La primera de las iniciativas incluidas en el decreto ley,
denominada Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo 30+,
tiene como objetivo promover la contratación en obras y servicios de ámbito
social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el
personal de la
Administración local. Con un presupuesto total de 80 millones de
euros para 2014 y 2015, la Junta
sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que
realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a
jornada completa. Los contratos deberán concluir antes del 1 de mayo del
próximo año.
Reparto territorial
Como medida de equilibrio territorial, el decreto ley
distribuye las ayudas entre todas las localidades andaluzas atendiendo a su
peso poblacional y al porcentaje de desempleados de más de 30 años. Así, el 50%
se reparte entre los municipios en función de esta tasa respecto del total de
Andalucía y el 50% restante según la población. No obstante, la
Junta garantiza una ayuda mínima de 7.800 euros por
municipio.
Por su parte, la
Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores
de Empleo, dotada con 26 millones, promoverá la contratación de personas
desempleadas, durante un máximo de seis meses, por parte de entidades privadas
sin ánimo de lucro en los ámbitos de la dependencia y servicios sociales;
recursos de proximidad y a domicilio; gestión sostenible; economía social y
emprendimiento; innovación; comercio de proximidad; comercio exterior;
tecnología de la información; voluntariado; medio ambiente y recursos
naturales, y cultura, ocio y deporte. En estos casos, la
Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad
para iniciativas que finalicen antes del 31 de mayo del próximo año.
Los criterios de valoración primarán el número de contratos,
su jornada y el tipo de proyecto (con mayor puntuación para los relacionados
con servicios sociales y atención a la dependencia), así como la aportación
financiera de la organización promotora.
Tanto en la línea de ayudas para los ayuntamientos como en
la dirigida a entidades, tendrán preferencia los parados de larga duración
(inscritos como demandantes al menos doce meses ininterrumpidos) que estén
empadronados en el municipio donde se desarrolle la actuación. Los
ayuntamientos y entes sociales beneficiarios deberán presentar sus solicitudes
de proyectos ante el SAE en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de
la normativa aprobada hoy por el Consejo.